- Violencia política, violencia obstétrica y acoso callejero
Ciudad de México (CIMAC) El maltrato y desatención a las
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; las agresiones que reciben en
la calle y el transporte público; y las amenazas hacia aquellas que ejercen la
política son nuevas formas de violencia que se deben legislar en todo el país.
Por esta razón el martes 14 de febrero la Cámara de
Diputados instalará la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de
Género, organismo parlamentario que promoverá la inclusión de la violencia
política, obstétrica y el acoso callejero en las leyes federales y estatales,
durante el año y medio que resta de la 63 Legislatura.
La Comisión Especial propuesta en noviembre de 2015 por la
diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras
Julián, fue desde entonces aceptada,
pero tardó más de un año en concretarse.
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA
El feminicidio, dijo en entrevista Contreras Julián, no es
el único tema que se debe considerar, porque la violencia contra las mujeres no
se refleja sólo en el asesinato, también hay un foco rojo por los casos de la
violencia política por razones de género, la violencia obstétrica y el caso
callejero, por lo que el espectro de atención debe ser más completo.
Son conocidos los casos de mujeres embarazadas, en su
mayoría indígenas, que acuden a hospitales públicos y no reciben atención, por
lo que dan a luz en la calle o, cuando las atienden, son maltratadas y
agredidas por el personal de salud. Pese a ello sólo Guerrero, Veracruz y
Chiapas consideran la violencia obstétrica como un delito en sus Códigos
Penales.
Respecto a la violencia política, a partir de 2014, tras la
inclusión de la paridad (50-50) de género en candidaturas como principio
constitucional, se registró un aumento agresiones a mujeres que participan en
política. De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE) hay 52 casos registrados con características de género.
Esta violencia va desde insultos y amenazas para impedir que
las mujeres sean candidatas o ejerzan las funciones para las cuales fueron
electas, obligarlas a renunciar o hasta el asesinato, como ocurrió en 2015 con
la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista Aidé
Nava González; y en 2016 con la alcaldesa de Temixco, Morelos, la perredista
Gisela Mota Ocampo.
Respecto a la violencia sexual, la legisladora señala que
únicamente en la Ciudad de México 72 por ciento de las capitalinas reportaron
haber vivido algún tipo de violencia sexual, según datos del Instituto Nacional
de Geografía y Estadística (Inegi), a lo que se suman los casos de violencia en
el transporte y los testimonios de acoso callejero que, dice, deben ser
atendidos.
LEGISLATURA RETRASADA
Desde hace más de 17 años las legisladoras han trabajado en
San Lázaro para crear comisiones que coadyuven a crear políticas para prevenir
y sancionar los asesinatos contra las mujeres, primero en Ciudad Juárez y luego
a nivel nacional.
En 2004 se instaló por primera vez la Comisión Especial de
Feminicidio, presidida por legisladora del PRD y antropóloga Marcela Lagarde,
quien realizó un diagnóstico sobre asesinatos de mujeres e impulsó la
expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Ahora, en la 63 Legislatura (que cuenta con 42.4 por ciento
de diputadas) iniciada en septiembre de 2015 y que concluye en abril de 2018,
no se instaló un organismo enfocado en los crímenes de feminicidio, sino en
delitos por razones de género. Amplía su objetivo de trabajo, sí, pero llega
cuando transcurrió la mitad de la Legislatura y a pelear recursos económicos.
La diputada federal señala que esta Legislatura “ha sido muy
retardada en algunos procesos y esta Comisión es uno de ellos. Aunque tuvimos
la asignación de la presidencia desde hace meses, hubo un retardo por parte de
las fracciones parlamentarias para la integración de sus miembros”.
La propuesta de crear organismos parlamentarios para revisar
la legislación en materia de violencia de género surgió en 2015, pero apenas el
7 de diciembre del año pasado la Junta de Coordinación Política informó que se
había integrado; y también anunció que se conformó la Comisión Especial de
Alerta de Género, presidida por la perredista Karen Hurtado Arana.
El objetivo de esta segunda Comisión Especial –aún no
instalada– será dar seguimiento a las medidas implementadas en los estados
con Alerta de Violencia de Género,
aunque en la iniciativa de creación se hizo mención expresa de los casos de
feminicidio en el Estado de México, donde este mecanismo se activó en julio de
2015 para once municipios.
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
Maricela Contreras, ex asambleísta y ex jefa delegacional de
Tlalpan, asegura que, por la austeridad, no hay presupuesto específico para las
Comisiones Especiales, pero sí recursos para proyectos, por lo que presentará
una propuesta financiera para crear protocolos de actuación en torno a los
crímenes que estará trabajando.
“Obviamente cuando la estructura es sin recursos se vuelve
muy difícil incluso podríamos decir que podría haber desinterés, pero tendremos
que multiplicarnos para concluir la tarea que se nos encomendó”, dice.
Integrada por 12 diputadas, esta Comisión tendrá
prácticamente un año y medio para trabajar aunque la legisladora indica que
habrán logrado visibilizar estos problemas si por lo menos logran uno de los
objetivos, entre ellos crear protocolos para estos tipos de violencia e incluir
las definiciones en las leyes federales y estatales.
En México ya existe el Protocolo para Atender la Violencia
Política Contra las Mujeres, creado en marzo de 2016 por autoridades
electorales como el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación; mientras que la Procuraduría
General de la República (PGR) difundió en 2015 un Protocolo de investigación
ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de
feminicidio.
Contreras Julián asegura que el interés en estos
instrumentos es revisar lo que existe a nivel federal y estatal a fin de
indagar si están armonizados.
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