- Policías no han sido removidos ni vinculados a proceso
El sábado 16 de septiembre, la activista, líder de la
iniciativa “Todas Mx” se encontraba en esa entidad para dar talleres y una
conferencia sobre violencia de género en la Universidad Autónoma de Guerrero.
Ese día tuvo un accidente con un clavo por lo que ella y un compañero, Amaury
Navarrete Cruz, acudieron a una clínica, como lo relató al periódico La
Jornada.
Cuando salió del lugar, su compañero era detenido por
policías por supuestamente negarse a pagar la cuenta de la clínica, cuando ella
preguntó las razones de la agresión y
dijo que era defensora, también fue detenida y posteriormente agredida sexualmente
por una mujer policía.
Después de que la denuncia se hiciera pública este 22 de
octubre, organizaciones y personas defensoras emitieron un comunicado donde
condenan la violación sexual, privación ilegal de la libertad, tortura y uso
excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Tlapa, uno de los ocho
municipios con Alerta de Violencia de Género.
“Yndira Sandoval logró sobrevivir, sin embargo, la violencia
de género institucional en su contra no ha cesado, pues continúa siendo víctima
de amenazas e intimidaciones y su casa y auto en la Ciudad de México han sido
allanados”, señalan en el comunicado.
De acuerdo con las organizaciones, la casa de la activista
en la Ciudad de México fue allanada, aunque no precisaron la fecha, delito que
fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México,
en la carpeta de investigación CI-FAE/B/UI-3C/D/ 790/10/2017
A más de un mes de estos hechos, la Fiscalía General de
Guerrero no ha vinculado a los agresores a proceso, ni ha generado a través de
un juez de control ninguna orden de aprehensión contra la persona agresora
directa, quien fue reconocida por la víctima, con nombre y apellido; tampoco ha
removido a los policías de sus cargos a pesar de estar plenamente
identificados.
Sandoval Sánchez es autora y coautora de distintas
iniciativas para fortalecer el marco jurídico; también fue funcionaria pública
en la Ciudad de México y coordinadora de feminismo del Comité Americano de la
Internacional Socialista de Jóvenes (IUSY), según difundió el colectivo
Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México.
Esta agrupación también difundió detalles de la violencia
institucional que enfrentó Ynidra Sandoval. Por ejemplo, la Fiscalía
Especializada en Delitos Sexuales con sede en Tlapa, estaba cerrada al momento
que intentó denunciar, minutos después de las agresiones; el Ministerio Público
se negó a tomar la denuncia y la amenazó e intimidó con llevarla a la policía
si no se retiraba.
Según este colectivo, el director de Seguridad Pública
(aunque el comunicado no precisa si era el director estatal Pedro Almazán
Cervantes o el director municipal Neftalí León González) “casualmente” se
encontraba afuera de la Fiscalía Especializada cuando Yndira Sandoval se
presentó nuevamente a denunciar, ya que el día anterior no pudo hacerlo.
Sumado a estas irregularidades, el Ministerio Público de la
Fiscalía Especializada no dictó medidas cautelares pese a la solicitud expresa
de la víctima, violó en todo momento los protocolos de atención a víctimas y no
ordenó la realización de dictámenes tales como el legista, psicológico,
ginecológico y toxicológico tal y como lo marca la ley en tiempo y forma.
La defensora tampoco contó con disposiciones de seguridad
como víctima y fue hasta al tercer día de las violencias ejercidas en su contra
y bajo permanente riesgo, que fueron dictadas medidas de protección en su
carácter de defensora de Derechos Humanos.
Todos estos agravios obran en la carpeta de investigación
12080470200090170917 que se inició en la Fiscalía General del Estado de
Guerrero en la Unidad de Investigación número 1 Especializada en Delitos
Sexuales y Violencia Familiar, Región Montaña.
La Procuraduría General de la República, la Fiscalía
Especializada para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de
personas (FEVIMTRA) inició una
investigación a través de la carpeta FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/ 0000634/2017
donde están las denuncias generadas tanto en Guerrero como en la Ciudad de
México.
A más de un mes de los hechos, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos ya realizó el Protocolo de Estambul para acreditar tortura
(protocolo que no se realizó en Guerrero), además de que este organismo se
encuentra realizando sus propias diligencias para garantizar un debido proceso.
Actualmente Yndira cuenta con las medidas cautelares y de protección dictadas por la PGR a través de
FEVIMTRA en coadyuvancia con el Mecanismo federal y local de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de
Gobernación, así como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Organizaciones feministas, de Derechos Humanos y personas de
la academia exigieron la detención de la policía que la agredió sexualmente, la
reparación integral del daño, y sanciones, penales, administrativas y legales
contra todas las personas involucradas y responsables de los hechos.
A los pronunciamientos posteriores a la denuncia pública se sumó
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de una declaración de la
secretaria general Beatriz Mojica Morga, quien este domingo exigió al
gobernador Héctor Astudillo Flores y al titular de la Fiscalía General de
Guerrero, se castigue a los responsables de la agresión sexual.
La líder perredista pidió que la PGR atraiga el caso y se
agilice la investigación para castigar a los responsables de la violencia
sexual contra la activista, quien además ha sido simpatizante del PRD.
"Es inaceptable que los encargados de cuidar y velar
por el bienestar de los ciudadanos, con total abuso de poder, agredan física y
sexualmente a una mujer que lucha por erradicar la violencia de género en
nuestro país", reclamó.
La Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero
(CDHEG) por su parte, informó que el jueves 28 de septiembre recibió una queja
contra el presidente municipal de Tlapa, Jesús Noé Abundiz García; el director
de Seguridad Pública municipal, Neftalí León González; así como del agente titular
y agente del Ministerio Público en turno del Fuero Común del Distrito Judicial
de Morelos, con sede la ciudad de Tlapa, por presuntos actos violatorios a sus
Derechos Humanos.
La queja la presentó Amaury Navarrete Cruz, quien denunció
la falta de acceso a la justicia, privación de la libertad personal, violación
sexual y abuso de autoridad, por lo que la delegación regional de la CDHEG en
la Montaña registró la queja bajo el número de expediente CDHEG-DRM/049/2017-I.
Según la información del organismo ya se pidió un informe a
los funcionarios públicos involucrados, así como los nombres completos de los
servidores públicos que estuvieron en funciones durante los días 16 y 17 de
septiembre; pidió a las víctimas que presenten las pruebas que consideren pertinentes
a fin de acreditar responsabilidades.
Cabe mencionar que en enero de este año, al finalizar una
misión en México, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación
de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, dijo que encontró muchos
casos de criminalización a personas defensoras que denunciaban violaciones por
parte de las autoridades públicas.
El Relator expresó que se criminaliza a las y los defensores
por denunciar violaciones por parte de las autoridades públicas, y enfrentan
represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra
sus familias o personas cercanas a ellos, por ello llamó al gobierno mexicano a
comprometerse en la lucha contra la corrupción e impunidad. 17/AGM/LGL
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