- Exigen garantizar derecho a la salud
Ciudad de México (Cimacnoticias) Senadoras, candidatas a
cargos de elección y feministas, demandaron a Enrique Peña Nieto que ejerza su
facultad de veto y devuelva a la Cámara de Diputados y al Senado el decreto por
el que se reformó el Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que establece
la objeción de conciencia para el personal médico y de enfermería.
El grupo de feministas, es en su mayoría simpatizante de
Alianza Por México al frente, entre ellas las senadoras del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña; la senadora independiente
Martha Tagle; la candidata a senadora por el PRD, Mary Telma Guajardo
Villarreal y por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado.
Las mujeres enviaron una carta al Ejecutivo federal para
pedir que vete la reforma al Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud,
aprobada por el Senado el pasado jueves 22 de marzo que dice que “el personal
médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de salud, podrá
ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de
servicios que establece esta Ley”.
Las feministas mencionaron que el 18 de febrero de 2016 el
Poder Ejecutivo emitió, por conducto de la Secretaría de Salud, una opinión al
dictamen donde aclaró que la objeción de conciencia ya está protegida en los
artículos 5, 6 y 24 de la Constitución Política que mencionan “el derecho de
cualquier persona de ejercer la profesión, la industria, comercio o trabajo que
le acomode, siendo lícitos; y la libertad de convicción éticas, de conciencia y
de religión”.
De acuerdo con esa opinión, la ley protege el derecho de
libertad de conciencia pero este principio no se puede regular específicamente,
toda vez que se trata de un concepto subjetivo que únicamente el profesional de
la salud que lo ejerce, sabe y atiende, por lo que, menciona el documento, pretender
exceder su influencia queda fuera de una decisión ética aceptable.
Las feministas, entre ellas académicas como Gloria Ramírez
Hernández, la ex magistrada electoral, María del Carmen Alanís Figueroa; y la
priista María Elena Chapa, dijeron que además la reforma está redactada de
manera muy general, lo que podría ocasionar por un lado, la interferencia en la
atención médica que requiere un paciente, por motivos de índoles moral, y por
otro, que el médico imponga al paciente sus creencias o condicione sus
servicios.
Cabe decir que la objeción de conciencia es un principio que
se ha usado para que médicos y enfermeras se nieguen a realizar prácticas
médicas que van en contra de sus creencias, como a practicar la interrupción
legal del embarazo o la voluntad anticipada, es decir, la eutanasia; además de
que servirá para fomentar la discriminación hacia los pacientes, afirman
algunas defensoras.
En su misiva, recordaron también que a partir de la reforma
constitucional en materia de Derechos Humanos, vigente desde 2011, se debe
garantizar que todas las personas gocen de los Derechos Humanos, el derecho a
la salud y que el Sistema Nacional de Salud garantice que existan médicos no
objetores para prestar los servicios de salud.
Mencionaron que el Estado mexicano debe acelerar el paso
bajo el principio de progresividad, para garantizar el derecho a la salud pues
aún 15.5 por ciento de la población tiene carencia a este derecho (13.4 por
ciento mujeres, 17.9 por ciento hombres, según datos del Coneval de 2016).
“La Objeción de
Conciencia no es un Derecho Humano en sí mismo, sino una manifestación del
Derecho Humano a la libertad de conciencia, que establece que toda persona
puede creer y pensar libremente según sus ideas y convicciones”, expusieron.
Las mujeres también hicieron un llamado para que se respete
la laicidad y la democracia, en particular cuando la objeción de conciencia
violenta el Estado laico, porque antepone una visión no laica y no científica,
al derecho fundamental de la salud; además de que este concepto puede ser usado
contra la interrupción legal del embarazo.
Las firmantes de la carta señalaron que esta reforma puede
resultar discriminatoria contra personas de la diversidad sexual o por
condición de etnia, edad, pobreza u otra, porque obstaculizará la prestación de
servicios relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, y
limitará además la investigación
científica en diversos campos.
Señalaron que es necesario vetar esta reforma en este
contexto de la desigualdad en el acceso y calidad a los servicios de salud ya que para las mujeres eta reforma implicará
un obstáculo adicional para el acceso a anticonceptivos, a la reproducción
asistida, a los servicios de aborto legal y seguro, a la investigación
científica y favorecerá la criminalización de quienes deciden abortar. 18/AGM/LGL
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