CIMACFoto: Silvia Núñez |
- “Una cuestión de poder”, dice especialista
Bilbao, España (cimacnoticias).- En la Facultad de Educación
de la Complutense de Madrid se respiran aires de exámenes y de tabaco. Es
febrero y las pruebas están en pleno apogeo. Las estudiantes, apelotonadas en
torno a las puertas del aula y desperdigadas por los pasillos, memorizan a
última hora lo que no han aprendido aún. Justo en la entrada tres jóvenes toman
el sol de la tarde sentadas sobre el muro que rodean las escaleras del
edificio. Mientras fuman hablan de lo exhaustas que están sin haber empezado
aún los test.
El profesor Juan Antonio García Fraile, retirado de la
docencia de máster por acoso a otras compañeras, les había dado clase en su
carrera hasta diciembre. En el tablón de anuncios de la facultad así se
indicaba. Seis alumnas latinoamericanas de pasantía en el país le denunciaron
durante sus clases y por ello la Complutense le suspendió de empleo y sueldo
durante 14 meses, como informó Cadena Ser. Una de las chicas de la entrada
cuenta que se enteraron gracias a los medios de comunicación y a las
concentraciones que hubo a las puertas de la facultad contra el profesor.
Estos hechos que pueden parecer aislados no lo son cuando,
en mayor o menor medida, se replican en el resto de centros de educación
superior. Una investigación de Pikara Magazine, iniciada en enero del presente
año, desvela que en las universidades públicas de España se han presentado al
menos 236 denuncias, quejas y/o avisos por acoso a estudiantes, a compañeras de
trabajo y a personal de administración, entre otros colectivos.
Los datos desvelan que, tras contactar con las 50
universidades públicas del Estado, bien por correo electrónico o bien
utilizando los portales de transparencia, más de la mitad (27 en concreto) han
registrado uno o más casos de acoso. De ellos, 97 serían por acoso sexual, de
discriminación y agresiones sexuales, mientras que 60 por acoso laboral. De los
79 restantes se desconoce explícitamente qué tipo de acoso se había ejercido
porque las universidades no lo han indicado, pese a haber sido solicitado.
En concreto, 65 quejas (cinco de ellas se convirtieron en
denuncias) llegaron a la Universidad de Granada, según datos aportados por su
Unidad de Igualdad, organismo obligatorio en cada universidad encargado de
velar por la igualdad en estas instituciones académicas. Esta es la universidad
que más avisos ha recibido. La Unidad solo ha aportado la cifra final y los
datos desagregados en porcentajes, pero su director, Miguel Lorente, profesor
de Medicina Legal quien también será el perito forense de Juana Rivas, asegura
que el acoso mayoritario se da a la hora de lanzar mensajes discriminatorios
hacia las mujeres, minorías étnicas o personas con diversidad funcional (66.1
por ciento), aunque también se producen casos de acoso sexual (6.2), acoso
laboral (10.8) y mobbing (16.9).
Del resto, 18 denuncias corresponden a la Universidad
Complutense de Madrid, tres más de las que ya desveló eldiario.es tras un año
de vigencia de su protocolo contra el acoso sexual.
Desde la Unidad de Igualdad de esta institución aseguran que
algunos de los casos ya se han cerrado y otros se continúan investigando, pero
afirman que no pueden aportar más información al respecto.
ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN
Al otro lado de la entrada de la facultad, otras tres chicas
hablan entre ellas sujetando carpetas repletas de apuntes y con las mochilas
tiradas por el suelo. Tras mencionar el nombre del profesor García Fraile se
inicia una conversación atropellada.
Todas coinciden en que no se lo esperaban. Una de ellas,
mientras se lía un cigarro, alude a que las denuncias podrían ser falsas e
incluso bromea con la idea de que no le importaría tomar un café con él, “pero
sólo en la facultad”. Otra, pelo corto y teñido de rosa, abre los ojos a modo
de sorpresa mientras relata que en el pasado ella recibió ánimos y admiración
del docente suspendido por un encierro feminista en el cual la joven
participaba.
A su lado, su amiga de tez pálida, más alta que el resto,
pelo largo y rojizo manifiesta que a ellas seguramente no les hubiera pasado
nada porque siempre iban en grupo a sus tutorías y que de carácter son “muy
echadas pa´lante”.
Ir en grupo a las tutorías, no cerrar la puerta del despacho
y esperarse las unas a las otras al salir son mecanismos de defensa y
protección que las jóvenes han interiorizado, según cuenta la presidenta de la
Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Sonia Núñez, donde
se registró un caso finalmente desestimado tras pasar a vía judicial. “Son
medidas preventivas y paliativas”, indica, “pero esto es un problema
sistémico”.
Los datos recopilados por este medio sobre las universidades
públicas de España, obtenidos a través de las Unidades de Igualdad de cada
universidad y, en algunos casos, tras no obtener respuesta de éstas, recurrir a
los portales de transparencia, desvelan que 14 denuncias se pusieron en la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) por acoso sexual, diez en la Pompeu Fabra,
ocho en la Autónoma de Barcelona (UAB) y cuatro en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), entre otras.
Estos casos son tan solo la punta del iceberg porque un 24
por ciento de las estudiantes han manifestado sufrir acoso sexual en el ámbito
universitario, según el estudio “Las violencias sexuales en las universidades:
cuando lo que no se denuncia no existe”, de 2014. Sin embargo, tal y como
apunta el estudio, muy pocas veces la persona afectada denuncia, ya sea por la
vergüenza, por el estigma, el miedo a no ser creída, por el temor a sentirse
aislada o a que la respuesta policial o legal no sirva de nada.
“No denunciamos por miedo a represalias”, declara una
alumna, testigo de una supuesta agresión física por parte de un profesor a dos
compañeras. Para no entorpecer el proceso de investigación que se está llevando
a cabo en este momento y para protección de la joven, que así lo ha solicitado,
no se aportan detalles que permitan identificarla. “Tiene cierta posición de
decisión de nuestra tarea, nos puede afectar muy directamente en la nota o en
cualquier decisión que podamos tomar y mucho más si sabe quiénes somos las
personas que hemos denunciado”, añade.
A las oficinas de Igualdad —creadas para supervisar la
igualdad entre mujeres y hombres en la universidad— llegan todo tipo de avisos:
frases hirientes, vejaciones, humillaciones, denigraciones a las mujeres
durante las explicaciones, espionajes en los lavabos, palabras fuera de
contexto en una tutoría, propuestas de sexo indebidas … A veces se transforman
en consultas sobre cómo actuar ante estas circunstancias; otras, en quejas.
Corría el año 2016 cuando en la universidad catalana Pompeu
Fabra una alumna decidió denunciar a un profesor por “abuso verbal continuado y
agresión sexual”. Así consta en la información remitida por la Secretaría
General tras hacer solicitud de información pública. Ante este caso, la
institución activó el protocolo contra el acoso sexual, una herramienta creada
para saber cómo intervenir en estas situaciones, y sancionó al profesor con una
“amonestación por falta leve”. El
secretario general de esta universidad, Pere Torra, no ha contestado qué consecuencias
ha conllevado esta amonestación por falta leve y desde su departamento se
acogen a que el reglamento de régimen disciplinario catalán no concreta en qué
debe consistir y dependen de cada caso concreto”.
UNA CUESTIÓN DE PODER
“El profesor que acosa
no acosa una vez en su vida y ya está, sino que es un comportamiento repetido,
el de ir de caza, por eso les llamamos depredadores”, detalla la directora de
la Unidad de Igualdad de la Universidad de las Islas Baleares y coordinadora
del informe “El acoso sexual en las universidades”, Esperanza Bosch Fiol. El
acoso sexual no tiene que ver con el sexo sino con el poder, concreta. Y allí
donde el acoso se hace más evidente, cuenta, es donde los roles de poder están
más acentuados como, por ejemplo, entre un profesor y una alumna.
El narrado no es el único caso que ha sucedido en esta
institución catalana. El año pasado, varias estudiantes denunciaron a un
profesor por “conductas intimidatorias”. Ante esto, la Pompeu Fabra informa que
ha convocado a “la Comisión Permanente contra la Violencia Machista para
decidir la apertura de un expediente informativo y, si procede, un posterior
expediente disciplinario”.
Los datos recabados también indican que la universidad
activó el protocolo en tres ocasiones. Aunque, cuestionada inicialmente, la
Unidad de Igualdad sólo concretó un caso “de estudiantes por acoso sexual”.
Ante la diferencia de cifras, contrastada por este medio a través de un
requerimiento de información pública, aseguran que se debe a que o bien el
protocolo no estaba vigente o bien porque el caso se produjo cuando ya habían
contestado a Pikara Magazine, en enero de este año. Pero, según consta en la
respuesta oficial, para esos tres casos el protocolo ya estaba vigente y la
recopilación se dio hasta febrero de 2018.
Bosch Fiol incide en que “el acoso sexual tiene que ver con
‘yo acoso porque yo mando’ y ‘voy de caza porque yo puedo hacerlo’, y así lo
percibe la víctima que se siente indefensa y asustada”. Y es a ella a la que le
quedan las secuelas: baja autoestima, sentimiento de asco, problemas de
concentración e, incluso, valorar el pensar si es mejor o no abandonar los
estudios. “De esos casos hemos tenido”, incide.
En la Universidad de la Laguna, en Tenerife, cuya Unidad de
Igualdad no quiso aportar la información en un primer momento y se vio obligada
a hacerlo después de realizar una petición de información pública, se halló
tras las pruebas periciales que dos profesores distintos habían realizado
“hechos compatibles con acoso sexual” sobre dos alumnas que habían denunciado
los hechos. En uno de los casos se adoptaron medidas de alejamiento, mientras
que el otro ha sido trasladado al Ministerio Fiscal para “depurar eventuales
responsabilidades penales”.
COMENTARIOS DENIGRANTES
“A principios de
curso, en la Facultad de Ciencias, un profesor al entrar a clase vio en la
pizarra escrito un llamamiento a la asamblea feminista. El comentario que hizo
fue ‘ya vais a dejar que ellas os manden’. Lo dijo en mitad de una clase, a
todo el mundo, con total impunidad”. Rememora, con voz indignada al otro lado
del teléfono, una joven de la Universidad del País Vasco perteneciente al
colectivo feminista Madamak, quien no quiere dar su nombre por miedo a
represalias, lo que les sucedió a ella y a sus compañeras en clase hace unos
meses. “Sí que hay muchos comentarios de profesores, que o nos cuentan o que lo
vemos nosotras mismas, fuera de lugar, como decir que las mujeres son unas
putas o cosas de ese estilo”, incide otra alumna de la Facultad de Bellas Artes
de la misma universidad sobre las denigraciones misóginas.
Pero el acoso no se queda aquí sino que se expande y va más
allá: también se produce de alumnos contra compañeras de clase. “Los acosadores
son mayoritariamente varones, que pueden ser tanto superiores jerárquicos, como
compañeros”, detalla el estudio de 2014 liderado por Bosch Fiol “El acoso
sexual en el ámbito universitario” dentro del departamento de Estudios de
Género de la Universidad de las Islas Baleares. Y no solo se queda en una
categoría profesional sino que alcanza cualquier estrato social, ámbito
ocupacional y edad. Un estudiante de Bellas Artes de la UPV contactaba con sus
compañeras para hacerles fotos desnudas y, supuestamente, acosarlas después,
tanto dentro como fuera de la universidad. Este caso está judicializado.
“Oí cómo algunas amigas habían tenido malos rollos con este
chico y nos dimos cuenta de que, a todas o a casi todas, nos había hablado por
algún lado y había historias muy raras”, explica una de las chicas al otro lado
del teléfono. Pertenece al colectivo universitario “Mujeres de Vitruvio”,
nacido para reivindicar la figura de las mujeres dentro del arte. Tras
percatarse de lo sucedido ella y sus amigas decidieron avisar al resto de
compañeras escribiendo una en el cuarto de baño de la facultad para contactarse
entre ellas: “Como no sabíamos muy bien qué hacer pintamos en los baños de
nuestra facultad si a alguna chica más les había pasado y se empezó a hablar
del tema y llegaron más chicas que habían sufrido agresiones de este chico…”.
Con el tiempo, cuando llegó la primera denuncia, muchas más le sucedieron.
Contra el estudiante se organizó una manifestación y la universidad acabó
expulsándole, como confirma la directora de la Unidad de Igualdad, Leire Imaz.
En otras universidades como la Autónoma de Barcelona, donde
se han dado 23 casos de acoso, 15 laborales y ocho acosos sexuales, la mitad
fueron entre estudiantes; mientras que en la de Alcalá, en Madrid, se han
contabilizado tres.
EL ACOSO DE EMPRESARIOS HACIA BECARIAS
Este abuso de poder extiende sus redes también hasta las
becarias. En el curso 2016-2017, un empresario acosó sexualmente a una
estudiante de la Universidad de Girona durante sus prácticas en el extranjero,
según datos obtenidos por solicitud de información pública. En la Universidad
Miguel Hernández de Elche un grupo de estudiantes dio a conocer su “incomodidad
con el tutor profesional de la empresa que acabó con el despido de éste”, tal y
como cuenta la responsable de la Unidad de Igualdad, María José Alarcón García.
En este caso, debido a que la persona no pertenece a la institución pública, el
protocolo contra el acoso no se activó.
Incluso terceras personas no pertenecientes a la universidad
acosan en las instalaciones: una persona desconocida por la Universidad de
Girona espió en los lavabos de la facultad a las estudiantes durante el curso
pasado. “Se hizo denuncia a los Mossos d’Esquadra y estos estuvieron haciendo
vigilancia durante una semana. Al no estar localizada la persona, no se pudo
dar una resolución”, indican desde la Unidad de Igualdad.
“Hay una tendencia a tratar a las personas que cometen
violencia de género como personas enfermas, como si tuvieran un trastorno que
los justificara”, detalla Leire Imaz, directora de Igualdad de la UPV. Si esto
fuese así, asegura, tendríamos que hablar de millones de personas,
principalmente hombres, que están trastornadas. “No avalo esta interpretación,
habrá algún componente de este tipo en algunos casos, pero estamos hablando de
un problema ideológico y político-estructural que tiene que ver con el dominio
del hombre hacia la mujer y eso lleva así miles de años”, reclama.
SIN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA UNIVERSITARIA DE CASTILLA
LA MANCHA
En enero salió a la luz cómo en un grupo de WhatsApp
planeaban hacer una “manada” con una joven de la Universidad de Castilla La
Mancha (UCLM). Entre las palabras que vertieron por la aplicación,
supuestamente, querían “reventarle la vagina a pollazos”.
Ocho días más tarde, la Universidad no había tomado ninguna
medida ni disciplinaria ni de prevención, según confirma la vicerrectora Ana
Carretero a este medio a través de conversación telefónica. En esta institución
nunca se ha activado el protocolo por acoso sexual, tampoco se hizo en este
caso, según la información obtenida a través del portal de transparencia. Pero
sí se utilizó para dos casos de acoso laboral, que finalmente fueron
desestimados.
“La alumna podía haber optado por el protocolo que tenía la
universidad, pero no optó por ello y optó por presentar la denuncia a la
Policía Nacional”, justifica Carretero, quien asegura haberle ofrecido atención
psicológica a la joven, que la rechazó. Ante estos hechos que han tenido eco
mediático, desde varias unidades de igualdad coinciden en que la universidad
manchega podría haber abierto un expediente a los universitarios del grupo como
medida preventiva. La vicerrectora aseguró que una vez estén identificadas
estas personas, la universidad valorará si se establecen medidas
disciplinarias, “en el supuesto de que haya estudiantes de la UCLM implicados
en ese tipo de afirmaciones y amenazas”.
Cuando se acude a otra vía de reclamación que no es la
universitaria no se inician, por lo general, los protocolos de actuación. Y si
el caso se judicializa, como pasó en la Universidad de Salamanca, donde un
joven denunció por acoso laboral, éste se cierra.
Pero en la Pompeu Fabra, aunque el protocolo no se activó
tras una agresión sexual de un estudiante a una compañera producida en 2016, sí
se tomaron medidas cautelares cambiando de grupo de clase. Aunque en la
información obtenida no especifican si se cambió a la persona denunciante o a
la denunciada.
PROTOCOLOS DISUASORIOS
Las investigadoras consultadas coinciden en que los
protocolos de actuación son muy disuasorios, por la burocracia y porque no hay,
aparentemente, un sistema sancionador claro. “Para seguir con el proceso hasta
el final, hay que reconocer que la mujer o la víctima es muy valiente porque es
una carrera de obstáculos”, reconoce Bosch Fiol. Este procedimiento, que marca
las pautas a seguir en caso de acoso, se utiliza para casos de acoso sexual y/o
laboral, según cada universidad.
En total, de los datos conseguidos se sabe que se ha
activado al menos en 188 ocasiones pero no funciona en todos los centros. Tres
universidades tienen aún su protocolo de actuación en caso de acoso en fase de
revisión: la de Almería, la de Oviedo y la de Cantabria. Además, la
Internacional Menéndez Pelayo no cuenta ni con protocolo ni Unidad de Igualdad.
En ninguna de ellas se han registrado casos de acoso.
A ojos de Bosch Fiol, la comunidad estudiantil se considera
a sí misma “una población de paso”. De
modo que si se produce acoso por parte de un profesor a una alumna, ésta
prefiere dejar de verlo, acabar con la asignatura y olvidar lo sucedido antes
que seguir con el proceso de denuncia hasta el final. E incluso considera que
existe una gran resistencia institucional en reconocer que la universidad no es
un espacio libre de acoso. “Hay mucha resistencia a creer que, entre el
profesorado, por ejemplo, puede haber acosadores”, apunta la experta. “Hay un
cierto silencio cómplice”.
PROTOCOLOS DIFERENTES SEGÚN LA UNIVERSIDAD
Los protocolos de actuación contra el acoso de índole
sexual, establecidos en el ámbito estatal con la Ley de Igualdad 2007, son una
herramienta que permite velar por la comunidad universitaria y se suele activar
tras una denuncia. Pero su funcionamiento dista mucho entre centros. No en
todas las universidades se activa el protocolo de la misma manera, algunas
tienen vías informales y vías formales, para otras es suficiente con que una
tercera persona denuncie un acoso que haya podido presenciar y otras requieren
que la denuncia la presente la persona afectada.
Además, el órgano competente (que varía según cada caso, a
veces hay un Defensor del estudiante y otras, Unidades de Igualdad) se encarga
de admitirlas a trámite según lo considere oportuno. Como pasó en la
Universidad de Vigo, donde un alumno denunció a un profesor por supuesto acoso
sexual y el Comité la desestimó porque consideró que “la conducta denunciada no
se podía encuadrar en el ámbito de aplicación del protocolo”.
“NO POR EL HECHO DE QUE TENGAS CIFRAS BAJAS EL ACOSO NO
EXISTE”
En total, diez universidades aseguran no haber activado
nunca el protocolo de actuación contra el acoso sexual y/o laboral pese a
contar con él, como en la de Valencia, la Politécnica de Cartagena o la
Politécnica de Madrid. Pero que no se haya activado en ninguna ocasión no
quiere decir que esto sea un indicativo de éxito y mucho menos que no exista acoso
en esa universidad. “No hay que negarlo. No por el hecho de que tengas cifras
bajas no existe, seguramente eso es señal de que no se está denunciando o no se
están tratando”, explica Imaz, de la Universidad del País Vasco.
Algo parecido reclama Bosch Fiol, experta en el tema: “O lo
estamos haciendo mal porque no damos las garantías suficientes a las chicas que
necesitan denunciar o es tan invisible porque es tan frecuente que no tenemos
las herramientas para sacarlo a la luz”. A su juicio ambas cosas son “hacerle
el juego al patriarcado”.
Si existieran indicadores claros sobre cuál es el colectivo
más consciente de que sufre o es testigo del acoso demostraría que es el de las
trabajadoras del Personal De Administración y Servicios (PAS) y Personal Docente
e Investigador (PDI). Así lo cree Bosch Fiol, quien considera que están más
sensibilizadas que el propio alumnado. Y, según el género, ellas más que ellos.
“Las mujeres somos más estrictas a la hora de valorar el acoso sexual y los
hombres más laxos”, añade.
Con respecto a la opacidad en los datos, cerca de la mitad
de las unidades de igualdad no contestó al correo electrónico inicial de Pikara
Magazine hasta que no se envió la solicitud de información. Eso sucedió con la
del País Vasco y con la de La Laguna, las cuales aludieron en un primer momento
a la confidencialidad.
Sin embargo, tras la petición de información pública se sabe
que se han producido 23 y 10 denuncias, respectivamente, tanto por acoso de
índole sexual como laboral. De la de Sevilla, donde no se obtuvo ninguna
respuesta por parte de la Unidad de Igualdad, sí se logró contestación a la
solicitud de información, conociendo que de los nueve casos que hay registrados
dos corresponden a acoso sexual y el resto a laboral.
“NO DISPONEMOS DE INFORMACIÓN ALGUNA”
En la Universidad de León, el Defensor de la Comunidad
Universitaria, P. Pardo, al que hemos sido remitidas, asegura que desde la
entrada en vigor el protocolo, a finales del pasado año, no ha habido ninguna
denuncia, queja o similar sobre acoso. Y asegura que en su oficina “no disponen
de información alguna” sobre las denuncias por acoso sexual presentadas que
menciona el informe del Plan de Igualdad de dicha universidad en 2010.
En la de Vigo, varias docentes denunciaron a un trabajador,
S. P., ante la universidad y ante los juzgados por supuestamente lanzar
mensajes misóginos a través de cuentas de correo electrónico comunitarias. En
este caso, el propio rector y a su vez presidente de la Comisión de Igualdad,
Salustiano Mato de la Iglesia, le remitió un escrito indicando que sus mensajes
“atentan incuestionablemente contra la dignidad de las mujeres y agreden a las
trabajadoras y alumnas”. La directora de la Unidad de Igualdad, Anabel G.
Penín, que no mencionó dicho caso, ha respondido que “no llegó a activarse el
Protocolo pues no se dieron los requisitos legales exigidos”.
En la Pompeu Fabra, como ya se ha mencionado anteriormente,
tan solo mencionó un caso de activación del protocolo cuando la respuesta a la
solicitud de transparencia habla de tres.
LA RESISTENCIA DE APORTAR DATOS
De nueve de las 50 universidades públicas consultadas no se
ha obtenido respuesta de ocho: la de A Coruña, Burgos, Huelva, Cádiz, Córdoba,
Jaén, Internacional de Andalucía, Pablo de Olavide y Barcelona. En esta última
varios estudiantes denunciaron a un catedrático por acoso sexual producido en
el curso 2007-2008, como recogió eldiario.es
Ante esa resistencia a la hora de aportar información, desde
la Universidad de Valencia consideran que esconder los casos de acoso no
favorece a la sensibilización. “Tenemos que parecernos a las universidades
americanas”, alude Pau Serrano, una de las técnicas. “En su ranking de
excelencia entienden que deben ser transparentes en los casos de agresiones o
violencia, eso demuestra que están trabajando en erradicarlas”.
En lo mismo coincide la directora de la Unidad de Igualdad
del País Vasco, Leire Imaz: “Creo que es importante que los datos estén y se
hagan públicos, eso puede animar a la gente a denunciar los casos”, declara.
“Si una alumna sabe que se han denunciado 20, y de esas 14 son estudiantes,
ella pensará que también puede y que tiene un sitio de confianza al que ir. Es
importante saber que la universidad no está exenta de violencia de género, todo
lo contrario”.
Con respecto al posible temor de las universidades de que su
reputación se vea perjudicada si los datos salen a la luz, Imaz declara que
habría que darle la vuelta: “La cifra alta es la que avala más la reputación de
esa universidad”.
* Este artículo fue retomado del portal Píkara Magazine
18/YJ/LGL
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