- Será anfitrión el Poder Judicial de Yucatán
Este encuentro nacional es parte de una estrategia
interinstitucional para generar espacios de reflexión, diálogo e intercambio de
experiencias entre los operadores del sistema penal en relación a casos en los
que se involucren integrantes de comunidades indígenas y para lo cual, el
Código Nacional de Procedimientos penales (CNPP) en el artículo 420, prevé un
procedimiento especial para pueblos y comunidades indígenas.
Este Primer Encuentro Nacional es coordinado por el Tribunal
Superior de Justicia de Yucatán con la colaboración de la Coordinación de
Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de
la Judicatura Federal (CDHIGAI-CJF) y la Unidad para la Consolidación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal (UCNSJP)
Los participantes de este evento discutirán y detectarán
problemáticas, examinarán rutas de acción, reformularán esquemas de atención
para armonizar criterios y proponer buenas prácticas entre los distintos
operadores del sistema de justicia penal.
En este Primer Encuentro Nacional participarán titulares de
los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas;
representantes de los órganos encargados de la consolidación del sistema;
operadores locales y federales involucrados en la atención penal de personas
indígenas; funcionarios del Poder Ejecutivo, integrantes de policías
municipales y estatales; ministerios públicos, defensores, académicos, peritos,
juzgadores, mediadores y asesores de víctimas, así como autoridades
tradicionales que resuelven los conflictos de orden penal al interior de sus
comunidades.
Algunos de los temas que se abordarán en este importante
evento serán la acreditación de la condición de persona indígena en el proceso
penal; la aceptación de las partes para que se apliquen los usos y costumbres;
bienes jurídicos indígenas que puedan protegerse a través de usos y costumbres
en materia penal; usos y costumbres que puedan aplicarse para resolver el
conflicto penal y sus excepciones y el trámite para la declaratoria de la
extinción de la acción penal por usos y costumbres y sus efectos.
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