- Soldados que la torturaron sexualmente serán sentenciados
Por: Anayeli García Martínez
Ciudad de México (Cimacnoticias).-Desde 2002 recorrió
kilómetros para tocar puertas de oficinas gubernamentales cargando a su pequeña
hija en brazos. Le dijeron mentirosa y la expulsaron de su comunidad por haber
denunciado a soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano. Han sido
16 años de buscar una justicia que por fin parece asomarse.
Su lucha no fue fácil y no fue corta. Comenzó cuando
denunció que el 16 de febrero de 2002 en la comunidad de Caxitepec, en el
municipio de Acatepec en el estado de Guerrero, fue interrogada, golpeada,
violada y torturada sexualmente por dos miembros del Ejército mexicano,
mientras otros seis militares observaban.
Desde entonces, Valentina Rosendo Cantú tuvo que enfrentar
al Ejército, declarar frente a los militares, tocar las puertas de instancias
nacionales y llegar a organismos internacionales para que la justicia le
devolviera lo que perdió aquel día. Aunque pudo abandonar la denuncia no lo
hizo, continuó en su empeño de demostrar que su palabra era verdad.
Hoy, la niña de 17 años que sobrevivió a la tortura sexual
en un pueblo de la Montaña de Guerrero, es una mujer que empieza a reacomodar
las piezas movidas de su vida. Cada vez que se acerca a la justicia una pieza
encuentra su lugar y este año el rompecabezas de su historia está a punto de
encajar.
El pasado 1 de junio el Juzgado Séptimo de Distrito en el
estado de Guerrero, a cargo de la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales,
condenó a 19 años, cinco meses y un día de prisión, al cabo de infantería
Nemesio Sierra García y al exsoldado Armando Pérez Abarca, quienes en 2002
violaron y torturaron sexualmente a la indígena.
ROMPER LA CADENA DE LA IMPUNIDAD
A pesar de que Valentina denunció a los militares un par de
días después de la agresión y de que el 41 Batallón de Infantería tenía los
nombres de los elementos de las fuerzas armadas que en febrero de 2002 estaban
realizando tareas de seguridad en Acatepec para destruir plantíos de amapola,
la denuncia de la joven encontró múltiples obstáculos para llegar a una
conclusión de los hechos ocurridos aquella tarde, cuando ella lavaba ropa en un
arroyo cercano a su hogar y al pueblo de Barranca Bejuco y cuando los varones
vestidos de camisola verde, pantalón verde y botas negras que portaban armas
largas, la agredieron.
Aunque su vida dio un vuelco, durante todos estos años logró
reconstruirse. Hoy la pequeña niña que llevó a todos lados en brazos en su
búsqueda de justicia, es una joven estudiante de preparatoria.
A Valentina no la derrumbaron, aún cuando las autoridades
mexicanas, primero las militares y luego las civiles, apostaron para que ella
desistiera la denuncia y su demanda ante instancias internacionales donde sí
fue escuchada. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH), quien en agosto de 2010 ordenó al Estado mexicano investigar los
hechos y sancionar a los responsables.
Como parte de esa sentencia el 15 de diciembre de 2011, el
Gobierno mexicano, en voz del entonces secretario de Gobernación, Alejandro
Poiré, le ofreció una disculpa pública por no protegerla ni garantizarle
justicia, Valentina afirmó: “lo que sigue es la investigación”. Desde entonces
su interés ha sido lograr que sus agresores estén tras las rejas, donde ya
están recluidos.
Luego de conocer la sentencia en su contra, uno de sus
agresores, Armando Pérez Abarca interpuso un recurso de apelación en contra del
fallo y aun no se sabe si Nemesio Sierra García, el otro agresor, hará lo
mismo. Aun así, los abogados de Valentina, Vidulfo Rosales Sierra e Isidoro
Vicario, quienes forman parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, deberán presentar sus argumentos para que la apelación no
favorezca a los acusados y la sentencia quede firme.
16 años después, Valentina lo logró y demostró que su dicho
era verdad. Hoy más que nunca las palabras que mencionó el día que aceptó las
disculpas públicas del Estado mexicano se mantienen con fuerza: “Sigo con la
frente en alto, con dignidad de mujer indígena. Estoy orgullosa de mí por ser
quien soy. Mujeres, luchar es seguir adelante, es romper la cadena de la
impunidad”.
TESTIMONIO PARADIGMÁTICO
La indígena tlapaneca logró lo que pocas mujeres víctimas de
violencia sexual, lo que no ha conseguido Miriam López, detenida y torturada
sexualmente en Baja California; Denise Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández,
torturadas en Veracruz; Cristel Piña, violentada en Chihuahua; Yecenia Armenta
en Sinaloa; Belinda Garza en Torreón y otras tantas sobrevivientes que esperan
castigo para los soldados, marinos o policías que las violentaron.
En un primer momento en 2013, y tras la sentencia de la
CoIDH, la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de
Personas (Fevimtra) consignó la averiguación previa por los delitos de tortura,
abuso de autoridad y violación sexual, los dos agresores fueron juzgados y
sancionados por tortura y violación sexual ya que el abuso de autoridad quedó
integrado en la descripción de estas conductas.
El valor de Valentina es un precedente para otros casos no
sólo por el mensaje que manda al alzar la voz contra la impunidad militar sino
por la sentencia que emitió la jueza Contreras Perales, quien actuó siguiendo
la resolución de la Corte Interamericana y los preceptos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sobre juzgar con perspectiva de género los casos de
violencia sexual.
En la sentencia a favor de la indígena, dada a conocer por
los abogados este lunes 18, la jueza dio valor preponderante a las
declaraciones de la joven, dio carácter probatorio a los testimonios de su
entonces pareja y de la cuñada de la víctima, quienes a pesar de no estar en el
momento de los hechos sí pudieron darse cuenta del estado en el que se
encontraba la sobreviviente una vez que pudo llegar a su casa.
Y no sólo eso, la jueza utilizó el término de “asimetría de
poder” al señalar la especial vulnerabilidad en la que se encontraba la
entonces niña de 17 años en relación con sus ocho agresores, seis que la
observaron y dos más que la violaron, es decir hombres que pertenecían a las
fuerzas armadas.
Las amenazas en su contra, el abandono de su pareja y el ser
exiliada de su comunidad no logró rendir a Valentina; por el contrario, su
testimonio según se dejó en claro en la sentencia, hizo ver las consecuencias
de una agresión sexual en una comunidad indígena y los efectos en el círculo
familiar, consecuencias que convierten a la violación en tortura.
A pesar de que los dos agresores trataron de desestimar los
dichos de la joven porque su testimonio, declarado en tres ocasiones, tuvo
variaciones que ellos consideraron “inconsistencias en el proceso”, la jueza
dijo que su palabra se debía valorar considerando que su lengua materna no era
el español y que los hechos en sí tienen una naturaleza traumática.
Los dos acusados quisieron echar abajo la denuncia
argumentando que no había constancia médica que acreditara semen en la víctima,
algo que para el Juzgado no era admisible considerando la falta de servicios
médicos en la zona montañosa de Guerrero que dificultó la obtención de un
examen ginecológico. Aunque hay que decir que ella acudió a una clínica donde
se le negó el servicio porque el personal no quería problemas con los
militares.
EXHIBIR LA IMPUNIDAD
Este lunes 18 Valentina Rosendo Cantú, acompañada del director
de Tlachinollan, Abel Barrera; del representante de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab; de la
subdirectora del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil),
Marcia Aguiluz; y de la representante Amnistía Internacional, México, Tania
Reneaum, hablará de los alcances de esta sentencia.
Hablará de su batalla para exhibir la impunidad militar y de
otros elementos encargados de la seguridad pública, de cómo la indígena
tlapaneca Inés Fernández Ortega, también fue violada sexualmente por militares
en 2002, en el estado de Guerrero, y continúa con una lucha similar a la suya
para que los soldados que la violentaron estén en prisión.
Desde mayo de 2015 cuando la Suprema Corte de Justicia de la
Nación rechazó hacer un análisis a profundidad sobre los estándares que
estableció la CoIDH en materia de género, etnicidad y tortura sexual en las
sentencias dictadas por los casos de Valentina e Inés, ellas mostraron que su
tenacidad no cesaría hasta poner su dignidad en alto. 18/AGM/LGL
No hay comentarios.
Publicar un comentario